OSPC - Observatorio de Salud Pública de Cantabria

El OSPC difunde en formato digital un Monográfico de Salud Mental con los resultados del estudio realizado a partir del análisis de la Encuesta de Salud.

Accesible en la página web www.ospc.es en la sección Proyectos.

El objetivo del estudio es abordar el análisis de la situación de la salud mental de la población adulta cántabra desde la óptica de los determinantes sociodemográficos de la salud mental en la Comunidad Autónoma, así como su relación con los problemas crónicos de salud, la utilización de los servicios sanitarios y el consumo de medicamentos.

En los resultados obtenidos del análisis de la Encuesta Nacional de Salud 2006 Cantabria se perfila como una de las Comunidades Autónomas con una mejor salud mental, aunque con diferencias importantes entre hombres y mujeres.

El 12,7% de la población cántabra está en riesgo de mala salud mental, siendo mayor el riesgo en las mujeres que en lo hombres (15,9% y 9,1% respectivamente). En concordancia con la literatura revisada, el análisis de la relación de los determinantes sociodemográficos (como el sexo, el nivel de estudios, estado civil y actividad económica de la persona, el ámbito geográfico en el que reside, su entorno familiar y el apoyo social con el que cuenta) con el riesgo de tener mala salud mental ha demostrado una fuerte asociación.

El estudio ha puesto de manifiesto como en todas las variables sociodemográficas descritas se han encontrado importantes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a riesgo de mala salud mental. Una relevante diferencia a destacar es la influencia que ejerce el bajo nivel de estudios en el aumento de riesgo de mala salud mental en las mujeres y no en los hombres. El estado civil es un factor que está asimismo relacionado con el aumento de riesgo de mala salud mental en el caso de los hombres separados o divorciados respecto a los solteros. En las mujeres, aparte de influir esta misma situación que en los hombres, el hecho de estar casada supone un riesgo mayor.

Desde el punto de vista socioeconómico, se observan diferencias notables en el riesgo según la dedicación de la persona, siendo las personas jubiladas o pensionistas y desempleadas las que más a riesgo están; seguidas de las que se dedican al hogar (solo mujeres se ocupan de esta actividad) en comparación con las que realizan un trabajo remunerado.

Por otro lado el análisis del entorno familiar desvela que un entorno disfuncional aumenta la probabilidad de riesgo de mala salud mental en las mujeres, y no así en los hombres; mientras que la carencia de apoyo social lo aumenta en éstos y no en las mujeres.

Aunque el análisis por tamaño de municipio de residencia no resulta significativo en la relación con el riesgo de mala salud mental, sí lo es el Área Sanitaria, siendo las mujeres del Área de Torrelavega quienes están a mayor riesgo de mala salud mental respecto a las del Área de Santander.

Una de las asociaciones más fuertes que se dan con el riesgo de mala salud mental es padecer problemas de salud crónicos o de larga duración, aumentando el riesgo significativamente con el número de problemas que se padecen. Además las personas con riesgo de mala salud mental hacen un mayor uso de los servicios sanitarios, desde las consultas médicas, a las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios.

El estudio pone asimismo en evidencia el mayor consumo de medicamentos de las personas a riesgo de mala salud mental y entre éstas, el mayor entre las mujeres respecto a los hombres

El análisis realizado sobre los datos de la Encuesta de Salud de Cantabria abre un campo de investigación sobre los determinantes sociales de la salud mental de la población cántabra de gran interés para Salud Pública, fundamentalmente por la utilidad de la información para los programas de promoción de la salud mental y para la planificación de los servicios sanitarios. Sería sumamente relevante, por tanto, para mejorar el conocimiento sobre la salud mental en Cantabria desde las percepciones de la propia población, darle seguimiento a los resultados analizados a través de las futuras encuestas de salud, profundizando en aquellos aspectos relacionados a los determinantes sociales de la salud.

El OSPC difunde en formato digital el segundo boletín de salud que recoge los principales resultados del análisis de la Encuesta de Salud de Cantabria ESCAN-06 sobre el consumo de medicamentos en la Comunidad Autónoma.

Ver boletín nº 2 de Salud en la web del OSPC www.ospc.es en la sección Proyectos

Más de la mitad de la población general de Cantabria (55,7%) había consumido algún medicamento recetado o no recetado en las dos semanas anteriores a la encuesta (15,8% más de mujeres que de hombres). El consumo en Cantabria fue un 6,5% menor que en el conjunto de España, siendo, después de La Rioja, la que menor consumo presenta en ambos sexos.

El 28,9% de la población menor de 16 años había consumido algún medicamento, recetado o no recetado, en las dos semanas anteriores a la encuesta, observándose ya en estas edades un mayor consumo en las niñas que en los niños (32,9% frente a 25,1%).

En general, en la población adulta se observa una tendencia a un mayor consumo con la edad, siendo el consumo de las mujeres superior al de los hombres en todos los grupos de edad, salvo en el de 65 a 74 años en que se igualan.

La frecuencia de consumo de medicamentos sin receta entre las personas adultas está por debajo de la media nacional (un 7,6% frente a un 15,7% respectivamente) y el consumo de productos de medicina alternativa (homeopáticos y naturistas) es asimismo significativamente más bajo que el consumo medio en España (0,9% y 4,9% respectivamente),

El poli consumo (3 ó más medicamentos, con o sin receta) aumenta con la edad en ambos sexos y fue siempre mayor entre las mujeres que entre los hombres, sobre todo a partir de los 65 años. Las mayores diferencias se observaron en el grupo de edad de mayores de 74 años, en el que consumieron 3 ó más medicamentos una de cada dos mujeres frente a uno de cada cuatro hombres.

En cuanto a la relación de factores de orden social con el consumo de medicamentos se observaron diferencias en el consumo de acuerdo a la clase social (consumen más las personas de las clases socioeconómicas más desfavorecidas), al nivel de estudios (consumen más las personas con estudios primarios o sin estudios y las que tienen estudios superiores que las personas con estudios medios), a la actividad económica (consumen más las personas jubiladas o pensionistas y las mujeres dedicadas a las labores del hogar) y al tamaño de municipio de residencia (consumen las personas que residen en municipios grandes que quienes residen en los más pequeños).

El OSPC difunde en formato digital el estudio realizado sobre el sobrepeso y la obesidad en Cantabria a partir de la Encuesta de Salud, accesible en la página web www.ospc.es en la sección Proyectos.

El objetivo del estudio es describir la frecuencia de estos fenómenos en la población adulta y menor de Cantabria según diversas variables socio-demográficas, como el sexo, la edad, la clase social, el nivel de estudios y el tamaño del municipio, así como analizar su relación con ciertos hábitos y problemas crónicos de salud presentes en la población estudiada.

El índice de sobrepeso (37,0%) y obesidad (13,3%) en la población general de Cantabria acerca a la comunidad autónoma al nivel de las preocupantes proporciones del resto de España y de los países de la Unión Europea, donde el 50% de la población adulta tiene sobrepeso o es obesa, y aproximadamente el 20% de la población infantil tienen sobrepeso y una tercera parte es obesa.

Los análisis desarrollados en el estudio que se presenta establecen una asociación directa entre las variables sociodemográficas analizadas y el exceso de peso de la población, siendo éste mayor en las clases sociales más desfavorecidas socioeconómicamente y con un menor nivel de estudios, respecto a las más favorecidas y con un nivel más alto, así como en las personas que residen en los municipios más pequeños de Cantabria, respecto a los medianos y grandes. El exceso de peso es siempre mayor en los hombres que en las mujeres de todas las clases sociales, niveles de estudios y tamaños de municipio de residencia.

El patrón observado tanto en Cantabria como en el resto de España de peor percepción de la salud por parte de las mujeres que de los hombres, se incrementa en las personas con sobrepeso u obesidad, aumentando las diferencias entre ambos sexos siempre hacia una peor percepción de las mujeres (el 46,0% de las mujeres que presentan obesidad perciben su estado de salud como regular, malo o muy malo, frente al 24,1% de los hombres).

En relación a los hábitos alimentarios es remarcable el elevado consumo de carne, productos lácteos, dulces y refrescos con azúcar en la población infantil. Las diferencias más significativas respecto al conjunto del país se dan en la práctica de actividad física o deportiva, siendo mucho menor en Cantabria. Las niñas en general hacen mucha menos actividad física que los niños, mientras que éstos consumen notablemente más actividades de ocio como la televisión, videojuegos e Internet que las niñas.

En suma, la alta incidencia del sobrepeso y la obesidad como problema de salud en Cantabria, analizado en el contexto del incremento observado a nivel español e internacional plantea la necesidad de monitorizar de cerca la situación en la Comunidad Autónoma y promover políticas y programas de salud dirigidas a su reducción y por tanto a la disminución de los riesgos derivados de su alta prevalencia, así como a la reducción de desigualdades en salud y del gasto sanitario.

Por Milagros Ramasco Gutiérrez, Enfermera, Socióloga, Master en Salud Pública y Doctora en Antropología Social y Cultural. Responsable del Programa de Salud Pública en Colectivos Vulnerables del Servicio de Promoción de la Salud, Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Miembro del Comité Asesor del OSPC.

Artículo publicado en la página web de Nure, Revista Científica de Enfermería. http://www.nureinvestigacion.es/

Las migraciones, fenómeno consustancial a la humanidad, se han convertido en España en una cuestión de Estado, especialmente desde que a mediados de los 90 se incrementara de forma constante y masiva, el volumen de personas extranjeras, que procedentes de países en desarrollo, iniciaron el proyecto migratorio en busca de nuevas oportunidades de vida. Según Eurostat, la población extranjera residente en España ha pasado de 609.813 personas en 1998 a 5.650.968 en 2009, lo que supone un incremento de más del 900% en diez años, y nos sitúa como el segundo país europeo con mayor presencia de extranjeros.

Las migraciones son simultáneamente el resultado del cambio global, y una fuerza poderosa generadora de cambios y procesos de “codesarrollo”, tanto en las sociedades de origen como en las receptoras. Sus impactos se manifiestan en el nivel económico y demográfico (rejuvenecimiento de la pirámide poblacional), pero también afectan a las relaciones sociales, la cultura, la política nacional y las relaciones internacionales.

Las migraciones favorecen las transferencias mutuas de conocimientos, habilidades, técnicas; aportan mayor riqueza generada por la diversidad y el mestizaje; la aproximación a otras lenguas y la incorporación de nuevos términos; nuevas experiencias de participación, con la posibilidad de renovación de la democracia tradicional y el incremento de las relaciones bilaterales con los países de origen. Las personas que emigran suponen una fuente de enriquecimiento, puesto que aportan cosmovisiones y experiencias diversas, otras concepciones filosóficas y espirituales sobre la vida, la salud y la enfermedad.

Sabemos que las migraciones han sido y siguen siendo imprescindibles para “sostener” la velocidad y “forma” de crecimiento económico español en los últimos años, al impulsar sectores de actividad (construcción, restauración, agricultura en el caso de los hombres y servicio doméstico, cuidados y hostelería en el de las mujeres) que, en caso contrario, estaban siendo abandonados dada la flexibilidad y desregulación que caracterizan dichas actividades.

El extraordinario volumen de empleo generado por la inmigración ha aliviado al menos por un tiempo las arcas de la seguridad social, permitiendo a muchas mujeres incorporarse al trabajo asalariado al contar con mano de obra inmigrante femenina que se encargó del cuidado de mayores y niños. Sin embargo, los datos de la Encuesta de Población Activa muestran que sus salarios medios son significativamente inferiores a los ingresos medios de los trabajadores nativos en el mismo tramo de renta y que la crisis está afectando especialmente a su situación, cuestión que se agudiza en el caso de las mujeres. Por el contrario, el gasto público per cápita que realizan las personas inmigrantes es inferior en los servicios básicos (educación y sanidad), siendo el gasto en prestaciones sociales muy inferior a su presencia relativa en la sociedad.

La Comisión Europea designó el 2008 como el Año Europeo de Diálogo Intercultural destacando la necesidad de considerar el diálogo entre culturas como una prioridad en Europa ante los retos del proceso de mundialización, en el que han de participar conjuntamente los poderes públicos y la sociedad civil. Sin embargo, no se ha producido el debate necesario sobre el modelo a seguir y diferentes estudios sociológicos muestran que las modalidades de instalación en España que prevalecen entre los inmigrantes económicos se sitúan en las coordenadas de reclusión social (ciudadanía denegada) o asimilación de la cultura mayoritaria (ciudadanía subordinada).

En el Libro Blanco de la Salud Pública, ya se planteaba que la diversidad cultural presente en la sociedad y en el sistema sanitario, demandaba adaptaciones organizativas, funcionales y en la dotación de recursos a nivel local, así como la capacitación de los profesionales sanitarios en la adquisición de habilidades para la mejor comprensión de las nuevas situaciones, cuestiones que deberían abordarse de manera creativa y adecuada a fin de aprovechar las oportunidades enunciadas. Aunque en nuestra legislación y sistema sanitario, se reconoce el derecho a la protección de la salud y la equidad como principios rectores, los estudios muestran que las normas de acceso y utilización del sistema de salud dificultan el ejercicio del derecho en condiciones de equidad y que la institución sanitaria carece de un modelo transparente para abordar el fenómeno migratorio, un modelo que opere por encima del plano ideológico personal de los profesionales. Además, la realidad es que los nuevos currículos académicos, siguen contemplando de manera tímida contenidos socio-culturales.

Las migraciones implican cambios, desajustes, crisis y adaptaciones a nuevos contextos que tienen un impacto importante en la salud. Los profesionales sanitarios, específicamente enfermería por su proximidad a la población en la prestación de cuidados, tienen un papel primordial en la detección de los principales problemas de salud que afectan a las personas inmigrantes, muchos de los cuales están estrechamente relacionados con sus condiciones de vida y trabajo. Es pues fundamental, que adquieran y desarrollen capacidades y herramientas para abordar la diversidad sociocultural. Todo esto implica, entre otras cuestiones, tomar conciencia de la propia pertenencia social y cultural y, por ende, de la diversidad de estructuras sociales, familiares y los distintos roles asumidos por los miembros de las familias en las diferentes culturas; reconocer los factores sociopolíticos que repercuten en la existencia de desigualdades sociales, procesos de vulnerabilidad y exclusión, y en las diferencias de estatus, control y poder en la relación profesional/paciente; tener un conocimiento básico de la diversidad de medicinas y cómo éstas, específicamente la biomedicina tanto en sus fundamentos teóricos como en su práctica, están condicionadas culturalmente. Los profesionales deben adquirir habilidades y destrezas que les permitan comprender las diferentes modalidades en las que los pacientes dan cuenta de la enfermedad y modificar sus instrumentos de interacción con ellos en función de las diferencias culturales, procurando evitar prejuicios o conceptualizaciones preestablecidas.

La interculturalidad como práctica implica la promoción sistemática y gradual de espacios y procesos de interacción positiva que vayan generalizando relaciones de confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación pacífica del conflicto, cooperación y convivencia. La crisis económica y la conflictividad mundial van a intensificar las migraciones y poner a prueba nuestra capacidad de respuesta en pro de la defensa de los derechos universales.